La violencia intrafamiliar es un tema delicado, que debe analizarse con cuidado y que debe quedar claro, de forma tal que, cuando se esté ante una situación de violencia, se pueda identificar rápidamente y actuar como corresponde, para evitar daños mayores. En nuestro país existe la Ley contra la Violencia Doméstica, que especifica no sólo el trámite que lleva el proceso, sino también las definiciones de cada tipo de violencia, así como las medidas de protección que se encuentran a disposición de la parte ofendida.

De acuerdo a la antes mencionada ley existen 4 tipos de violencia doméstica:

– Violencia física: Cualquier manifestación de agresión física, sea leve o grave, es considerada como violencia física.
– Violencia psicológica: Cuando el agresor, mediante actos o manifestaciones humillantes o tratos burlistas, agrede el ámbito emocional de la víctima.
– Violencia patrimonial: Cuando el agresor, aprovechándose de su condición, priva a la víctima de dinero para necesidades básicas o bien, humilla a la víctima en razón de su condición económica.
– Violencia sexual: Se da cuando el agresor, aprovechándose de su condición, obliga a la víctima a mantener actos o relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Cualquiera de estos tipos de violencia doméstica debe ser denunciado ante el Juzgado correspondiente. Este proceso recibe un trato especial y expedito, por lo delicado de la materia, ya que en muchas ocasiones existe un riesgo mayor a la integridad física de la víctima.

Cuando se interpone la denuncia, el Juzgado deberá ordenar medidas de protección tendientes a evitar que la situación de violencia continúe, ya sea prohibiendo a la persona agresora acercarse a la víctima, ordenando la salida inmediata del hogar en común o cualquier otra medida que indique la ley y que sea útil para la situación en concreto.

Dichas medidas de protección tienen una vigencia máxima de un año y la persona agresora tendrá derecho de solicitar una audiencia, para ejercer su derecho de defensa.

En caso de que la persona agresora incumpla alguna de las medidas dictadas por el Juzgado, esta se expone a ser acusada por el delito de Desobediencia a la Autoridad, el cual es penado con cárcel.

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